Ratifican Contrato de Concesión Minera entre el Estado panameño y Sociedad Minera Panamá

Txt: Redacción TOO

En medio de protestas callejeras y desacuerdos entre políticos, el proyecto 1100, que aprueba el Contrato de Concesión Minera entre el Estado panameño y la Sociedad Minera Panamá, S.A, fue ratificado este viernes en tercer debate por la Asamblea Nacional de Diputados, con 47 votos a favor, 6 en contra y dos abstenciones.

Al final del debate, según voceros de la Asamblea, la factibilidad la factibilidad social y económica fue lo que valoró el pleno de diputados para apoyar el documento suscrito por el Gobierno de Panamá y la empresa concesionaria, tras un debate de casi nueve horas el jueves 19 de octubre, que terminó con el refrendo el viernes 20.

La ratificación por el Primer Órgano del Estado es de carácter retroactivo y tendrá vigencia desde su promulgación, porque el Estado debe recibir los beneficios contados desde su duración inicial de 20 años, a partir del 2021.

En este contrato La Soberanía Nacional no tiene ninguna cláusula o término para que sea interpretada en el sentido de limitar o restringir la soberanía del Estado o el ejercicio de sus facultades constitucionales sobre el territorio nacional.

El contrato tendrá una duración inicial de veinte años, contados a partir del 22 de diciembre de 2021, y en caso de requerirse queda la opción de solicitar una prórroga por veinte años adicionales.

Se estipula una fianza de cumplimiento por la suma de B/. 70,000,OOO, que se mantendrá vigente durante todo el período que dure la concesión y su prórroga, de haberla.

La fianza es irrevocable y emitida a favor del Ministerio de Comercio e Industrias y de la Contraloría General de la República.

El uso del agua para el funcionamiento del Canal de Panamá tendrá preferencia al uso para la concesión.

No se vulnera el contrato en cuanto a daños al ambiente dentro del área de concesión.

Se crea una oficina especial e instalaciones para que funcionarios realicen labores de supervisión, monitoreo, control, seguimiento y/o verificación del cumplimiento de las normas ambientales.

El artículo 257 de la Constitución Política de la República señala que las riquezas del subsuelo pertenecen al Estado y podrán ser objeto de concesiones o contratos para su explotación, mientras que en el artículo 259 del propio texto dispone que las concesiones se inspirarán en el bienestar social y el interés público.

Según el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, y del presidente de la Comisión Legislativa de Comercio, diputado Roberto Ábrego, ha sido el más consultado en la era republicana, con una consulta pública por medio de la Plataforma Ágora, realizó audiencias públicas en las comunidades donde se desarrolla la actividad y que tiene impacto directo la operación minera, foros, talleres con asociaciones y gremios nacionales.

Antecedentes

El Gobierno Nacional hace de conocimiento público que, tras un arduo proceso de negociaciones y consultas, se alcanzó un acuerdo final con Minera Panamá, filial local de First Quantum Minerals, bajo el cual el Gobierno espera recibir para el país 10 veces más de lo que recibía bajo el contrato de 1997.

El contrato minero entre el Estado y Minera Panamá fue presentado, el jueves 3 de agosto, ante el pleno legislativo por el titular del MICI.

El 21 de agosto, la Comisión de Comercio del parlamento inicia el debate del Proyecto 1043.

Luego decide abrir un espacio de consulta el 28 de agosto con una lista de 226 inscritos, concluye el 7 de septiembre. Posteriormente, pasa su nivel de periplo a los distritos de Donoso y La Pintada.

El 18 de septiembre de 2023, la Comisión de Comercio suspendió el primer debate de esta normativa y recomendó al Ejecutivo su retirada para que se atendieran varias consideraciones de la sociedad civil y grupos organizados. Las modificaciones sugeridas se originaron de las consultas.

El 3 de octubre el Consejo de Gabinete autoriza el retiro del proyecto de contrato de la Asamblea Nacional.

El 5 de octubre la empresa Minera Panamá, S. A. informó que estaba dispuesta a analizar y revisar los ajustes mencionados en la resolución de la comisión de Comercio.

Finalmente, el 16 de octubre, el ministro  Alfaro Boyd vuelve a presentar el documento con las respectivas modificaciones.